La relación del Sujeto Político, con el contexto social requiere de un análisis profundo, ya que el tema generalmente genera controversia, al no entenderse, el accionar del ser humano, el cual está en constante relación política, esto implica tener conciencia de la relación existente, entre el sujeto y la política cívico basado en las subjetividades, las diferencias y el cuestionamiento al orden o un contexto imperante.
Dicha dicotomía lo devuelve al ámbito de la participación, posicionando la democracia como como un eje para comprender la ciudadanía de otro lado la dimensión de sujeto político, suponen un carácter relevante de referenciar, para reflexionar sobre ciudadanía y participación la apunta a la democracia, sustentándose en la premisa “que el sujeto político actúa desde la perspectiva del bien común, en la búsqueda de este bienestar, que beneficie a todos”.
Desde estos contextos la inclusión social y el sujeto político están íntimamente vinculados en cualquier análisis sobre la construcción de democracias plenas. La inclusión social no puede reducirse a una mera asistencia estatal y políticas de bienestar que mitiguen la pobreza; debe entenderse como un proceso activo de reconocimiento, participación y empoderamiento de aquellos sectores históricamente marginados del espacio público: mujeres, pueblos indígenas, personas afrodescendientes, migrantes, personas con discapacidad, comunidades LGBTQ+, entre otros. Es precisamente en este proceso donde emerge el sujeto político: no como un individuo aislado, sino como una entidad social que, al ser incluida en la toma de decisiones, adquiere voz, agencia y capacidad de transformar la realidad colectiva.
El sujeto político entonces se confronta con los procesos de segregación y subvierte el orden que violenta el buen vivir y el vivir bien. Al promover políticas de salud mental preventivas y accesibles, los países pueden reducir la carga sobre sus sistemas de salud, liberando recursos para otros sectores productivos.
La inclusión social permite que personas con padecimientos mentales participen plenamente en el mercado laboral, que genera grandes beneficios económico, lo que se traduce en una menor tasa de desempleo y mayor ingreso fiscal por impuestos, que redunda en el incremento del PIB per cápita
Estudios de avanzada demuestran que la pérdida global de productividad por trastornos mentales se estima en trillones de dólares anuales. Invertir en salud mental es, por tanto, una estrategia de crecimiento económico.
Países que invierten en salud mental y en inclusión social, mejoran la educación y el aprendizaje (al reducir el impacto del estrés y la ansiedad en estudiantes), fomentan una fuerza laboral más resiliente, creativa y adaptable. Lo que se traduce en mayor competitividad en la economía global.
Las personas con padecimientos mentales están en mayor riesgo de exclusión social, pobreza y marginalización y sin duda la inclusión social rompe este ciclo y permite el acceso a empleo, vivienda, educación y servicios, también genera una menor dependencia en asistencia social y menor carga sobre los sistemas de bienestar social y mayor movilidad social, lo que estimula el consumo y la demanda interna.
En cuanto a la participación ciudadana y gobernanza eficaz, el enfoque en el sujeto político reconoce a las personas con enfermedades o trastornos mentales y sus cuidadores cuando sea el caso, como agentes activos con derechos, voz y capacidad de decisión, teniendo un impacto económico indirecto en:
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Políticas públicas más efectivas y legitimadas, porque son co-diseñadas con quienes las viven.
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Mayor confianza en las instituciones → mayor cumplimiento fiscal, menor corrupción, mejor inversión pública.
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Prevención de conflictos sociales derivados de la exclusión.
Los países que adoptan agendas progresistas en salud mental e inclusión social:
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Mejoran su reputación global.
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Atraen inversión en salud, educación y tecnologías sociales.
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Acceden a fondos internacionales.
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Fortalecimiento del capital humano y la cohesión social.
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Legitimidad política y gobernanza democrática.
Reconocer desde la inclusión social y el sujeto político a las personas con padecimientos mentales, mujeres, pueblos indígenas, personas afrodescendientes, migrantes, personas con discapacidad, comunidades LGBTQ+, como ciudadanos activos con derechos, transforma la exclusión en participación, generando una democracia más inclusiva, resiliente y sostenible.